Por: César Aching Guzmán
http://matematicasfinancierascag.blogspot.com/
30.06.2007
La ola de paros, huelgas y protestas como la de los mineros de Casapalca, los pobladores de la Región Puno y de la Región Ucayali, los maestros del SUTEP, tienen tres componentes, claramente identificables.
Primero; es la arbitrariedad con la que siempre actúan los “grandes” empresarios. La empresa Minera Yauliyacu S.A. (Casapalca, ubicada a 110 km de la capital) extrae los minerales al margen de cualquier norma de protección del medio ambiente y los comercializa sin ningún valor agregado; opera con 1,700 mineros contratados ilegalmente bajo el régimen de “services” realizando labores de carácter permanente, trabajan más de 8 horas en los socavones, con jornales de S/. 350 (con descuentes) mensuales. Los dueños de Casapalca han despedido arbitrariamente a 106 mineros de los cuales 11 son dirigentes sindicales y 27 son agremiados al sindicato; se encuentran casi dos meses impagos, no distribuyen utilidades y mucho menos paga horas extras, es decir, aplican un régimen parecido a la esclavitud.
Segundo; la actitud politizada de algunas autoridades y gremios como es el caso de Puno y la dirigencia del SUTEP. En el tema de Puno, ante la absurda postergación por parte de Proinversión (que le costó el puesto al señor René Cornejo, Director Ejecutivo), en la concesión de los tramos 1 y 5 de la carretera interoceánica sur; hecho aunado a la actitud política anti aprista del señor Hernán Fuentes, que lejos de plantear soluciones busca réditos políticos personales. En el caso del SUTEP, su dirigencia que jamás paro en los 10 años del Fujimorato; hoy se opone a la Ley de Carrera Pública Magisterial, no le interesa en si la capacitación docente, ni mejorar la calidad educativa; simplemente buscan vigencia como dirigentes, pues promueven la mediocridad del estamento docente; la Ley en sí no solucionará el difícil problema de la educación en nuestro país, pero es un paso importante hacia el cambio. Autoridades y dirigentes así son el contrafuerte del establishment; es decir, son obstáculos para cualquier avance hacia la justicia social.
Tercero; la insensibilidad social de la mayoría de funcionarios “técnicos” que poco o nada les interesa revertir la pirámide de riqueza; únicamente están para administrar el estado evitando en lo posible alterar el injusto orden político y económico establecido (establishment); solo así se explica que las prioridades estén dirigidas a que si firmamos o no el TLC con EE.UU., si pagamos anticipadamente la deuda externa al Club de París, que no cambie nada el cuestionado manejo de telefónica, que las empresas mineras sigan haciendo de las suyas, etc.
Debido a este componente es que se sigue golpeando a las poblaciones, como es el caso de la región Ucayali, afectados por la eliminación progresiva de las exoneraciones sin una estrategia de sustitución económica; es decir se elimina y punto. Recordemos que Fujimori, es el artífice de haber traído miseria a la selva peruana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico “eliminó” los cárteles (mejor dicho, los sustituyó por los suyos) y en su lugar no reemplazó este flujo de capital con una economía oficial a través de la construcción de vías de penetración para que los campesinos saquen sus productos al mercado, construcción de un ferrocarril en el departamento de San Martín con salida a la costa, etc.; como tampoco se cumplió con un efectivo programa sobre reemplazo de cultivos.
Finalmente, ya es tiempo de que el tan mentado crecimiento del PBI se traduzca en beneficio de las mayorías nacionales, priorizando la justa distribución de la riqueza a través de: empleos y salarios dignos, atención de calidad en salud, solución al grave problema de los cesantes y jubilados, control de las ganancias de empresas transnacionales y una política socio-económica orientada al bienestar de todos los pobladores del Perú.
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30.06.2007
La ola de paros, huelgas y protestas como la de los mineros de Casapalca, los pobladores de la Región Puno y de la Región Ucayali, los maestros del SUTEP, tienen tres componentes, claramente identificables.
Primero; es la arbitrariedad con la que siempre actúan los “grandes” empresarios. La empresa Minera Yauliyacu S.A. (Casapalca, ubicada a 110 km de la capital) extrae los minerales al margen de cualquier norma de protección del medio ambiente y los comercializa sin ningún valor agregado; opera con 1,700 mineros contratados ilegalmente bajo el régimen de “services” realizando labores de carácter permanente, trabajan más de 8 horas en los socavones, con jornales de S/. 350 (con descuentes) mensuales. Los dueños de Casapalca han despedido arbitrariamente a 106 mineros de los cuales 11 son dirigentes sindicales y 27 son agremiados al sindicato; se encuentran casi dos meses impagos, no distribuyen utilidades y mucho menos paga horas extras, es decir, aplican un régimen parecido a la esclavitud.
Segundo; la actitud politizada de algunas autoridades y gremios como es el caso de Puno y la dirigencia del SUTEP. En el tema de Puno, ante la absurda postergación por parte de Proinversión (que le costó el puesto al señor René Cornejo, Director Ejecutivo), en la concesión de los tramos 1 y 5 de la carretera interoceánica sur; hecho aunado a la actitud política anti aprista del señor Hernán Fuentes, que lejos de plantear soluciones busca réditos políticos personales. En el caso del SUTEP, su dirigencia que jamás paro en los 10 años del Fujimorato; hoy se opone a la Ley de Carrera Pública Magisterial, no le interesa en si la capacitación docente, ni mejorar la calidad educativa; simplemente buscan vigencia como dirigentes, pues promueven la mediocridad del estamento docente; la Ley en sí no solucionará el difícil problema de la educación en nuestro país, pero es un paso importante hacia el cambio. Autoridades y dirigentes así son el contrafuerte del establishment; es decir, son obstáculos para cualquier avance hacia la justicia social.
Tercero; la insensibilidad social de la mayoría de funcionarios “técnicos” que poco o nada les interesa revertir la pirámide de riqueza; únicamente están para administrar el estado evitando en lo posible alterar el injusto orden político y económico establecido (establishment); solo así se explica que las prioridades estén dirigidas a que si firmamos o no el TLC con EE.UU., si pagamos anticipadamente la deuda externa al Club de París, que no cambie nada el cuestionado manejo de telefónica, que las empresas mineras sigan haciendo de las suyas, etc.
Debido a este componente es que se sigue golpeando a las poblaciones, como es el caso de la región Ucayali, afectados por la eliminación progresiva de las exoneraciones sin una estrategia de sustitución económica; es decir se elimina y punto. Recordemos que Fujimori, es el artífice de haber traído miseria a la selva peruana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico “eliminó” los cárteles (mejor dicho, los sustituyó por los suyos) y en su lugar no reemplazó este flujo de capital con una economía oficial a través de la construcción de vías de penetración para que los campesinos saquen sus productos al mercado, construcción de un ferrocarril en el departamento de San Martín con salida a la costa, etc.; como tampoco se cumplió con un efectivo programa sobre reemplazo de cultivos.
Finalmente, ya es tiempo de que el tan mentado crecimiento del PBI se traduzca en beneficio de las mayorías nacionales, priorizando la justa distribución de la riqueza a través de: empleos y salarios dignos, atención de calidad en salud, solución al grave problema de los cesantes y jubilados, control de las ganancias de empresas transnacionales y una política socio-económica orientada al bienestar de todos los pobladores del Perú.
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