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Desde el regreso a la democracia en el 1990, nuestro país no escatimó esfuerzos en lograr posicionarse en América Latina como un estado sólido tanto en lo económico como en lo social.

Dentro de este contexto los políticos se esforzaron por mostrar a Chile como un referente para otros países latinoamericanos. El ejemplo más claro lo constituyó el tema económico, en donde los gobiernos salieron airosos de las crisis financieras de la década del 90`.

Pese a lo anterior, quedan retos importantes que superar, sobretodo en lo relacionado con la transparencia y la probidad. Para que estos aspectos empiecen a ser regulados, se es necesario que la ciudadanía tenga acceso real a la información para que el discurso de la señora Bachelet en relación al “gobierno de la ciudadanía” no se trasforme en una promesa de campaña demagógica.

Acogiéndose a la Ley sobre Probidad Administrativa, Ley Nº 19.653, las autoridades clasificaron un porcentaje no menor de información como reservada, e incluso secreta. Lo que dificulta el derecho que todo ciudadano posee de conocer, por ejemplo, el trabajo legislativo.

Esta Ley, que entró en vigencia el año 1999, establece en uno de sus incisos que "son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial"

Cualquier individuo puede pedir la información a servicios públicos, como también empresas privadas que otorguen un bien público. Ésta puede tener directa relación con la administración de la entidad, documentos, informes y antecedentes.

Debilidades en la Ley

Pero el servicio público o la empresa privada que sea requerida, pueden negar el acceso aludiendo a distintas causales. Primero, si las disposiciones legales o administrativas internas determinan o clasifican antecedentes como secretos, no están obligados a darlos a conocer.

Lo mismo ocurre si estos antecedentes vulneran el normal funcionamiento de la entidad requerido, según el criterio particular del organismo, como también que la información perjudique a terceros y que éstos, al ver vulnerados sus derechos, se opongan al conocimiento público de la información.
Y por último si la seguridad y el interés nacional se ven amenazados por la publicidad, también es causal de negación al libre tráfico de información.

Por lo anterior se infiere un vacío legal, que los parlamentarios también pesquisaron. Y como respuesta en la actualidad se encuentra en el Senado un proyecto de ley que busca mejorar la legislación sobre el derecho al acceso a la información pública, sin embargo esta iniciativa no incluye al Poder Legislativo ni Judicial.

Hernán Larraín, quien fuera presidente del Senado, se interesó en el tema, lo que se tradujo en un intento de mejorar, a través de la página Web del congreso, el libre acceso a la información, medida que según el abogado de la zona Hans Laurie, “claramente fue un pequeño esfuerzo, que yo considero, buscaba publicidad; porque lo realizó en una época de campaña electoral, lo que obviamente genera dudas en torno al interés de la medida”

Según el mismo jurista, un claro reflejo de la situación actual, lo constituyen las encuestas, que reflejan que el poder judicial y el legislativo no superan el 15 % de credibilidad.

“La gente no se ve reflejada en los políticos, ¿porque? Porque la ciudadanía no se entera qué hace un diputado, sólo se les ve durante el tiempo de elecciones pero, por ejemplo, no es de conocimiento público cuál fue el voto del señor Longeira en relación al proyecto del royalty”, señaló.

El consejero regional Ernesto Dattari Escudé, quien además es parte de la Ciorporación para la regionalización del Bio Bio (CORBIOBIO), señala que Chile, “más temprano que tarde, deberá realizar esfuerzos importantes para contar con una democracia participativa que fomente ciudadanos activos, informados y responsables”

En segundo término indicó que “la falta de participación de la ciudadanía, prácticamente nula en términos reales, es uno de los problemas críticos por los que atraviesa nuestra actual sociedad”.

Democracia Amenazada

Según una definición exacta, democracia es un sistema político en el cual los ciudadanos tienen directa participación en las decisiones colectivas. Pero para que lo anterior sea efectivo, la población debe estar debidamente informada.

Una democracia saludable y óptima, es aquella que cuanta con la participación “de todos”, pero si no se tiene información accesible en relación a las votaciones en el Parlamento, claramente la gente tendrá un sentimiento de cercanía con las autoridades.

Pero la percepción de los ciudadanos, es que las autoridades se acercan sólo en tiempos de campaña, y según las encuestas, es un mínimo porcentaje los que realmente se sienten representados por sus parlamentarios, por ejemplo.

El porqué debería existir libre acceso a la información pública, porque si ello funcionara, el castigo social es más fuerte que un castigo del tribunal de ética de un partido.

Lo anterior, permitiría una autoregulación de los políticos en su proceder, y nos proporcionaría una democracia estable y real.