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Por 66 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención el Pleno del Congreso aprobó esta tarde un proyecto de ley por el cual se deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, relativos a actividades económicas en tierras del país y de las comunidades campesinas y nativas. Pleno llevado a cabo por la lucha consecuente de las comunidades nativas que develaron la intención privatizadora de las tierras de la Amazonía a través de estas normas legales emitidas al amparo de las facultades otorgadas por el Legislativo al Ejecutivo.

Este resultado como es obvio, produjo justificada algarabía en el oriente peruano y en todos los que propugnamos el desarrollo de la amazonia con participación y beneficios directos de las comunidades que la habitan, en oposición a los manidos argumentos esgrimidos por Alexander Grobman (comisionista de empresas productoras de semillas transgénicas) e Ismael Benavides Ministro de Agricultura (Ministro de Pesquería en el 2do. Gobierno de Belaunde entre 1984 y 1985; ex Gerente General y miembro del Directorio del Banco Internacional del Perú-INTERBANK, ex Presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC) y Presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y es actualmente empresario en los rubros agrícolas y vitivinícolas de exportación), que por todos medios quieren lotizar y entregar a título oneroso (gratis) las tierras amazónicas a la voracidad de lucro de inescrupulosos “empresarios”.

La explotación de los recursos naturales en la selva peruana deberá estar a cargo de empresas bipartitas (Comunidad y Estado) o tripartitas (Comunidad, Estado y sector privado); es decir, el capital accionario debe reflejar esta estructura, de acuerdo al aporte de cada uno: Comunidad aporta espacios físicos con recursos naturales y biodiversidad, el Estado aporta carreteras, servicios de luz, agua, energía, salud, educación, etc., y el sector privado se supone aporta el capital de operación y visión de negocio. Estos aportes son de fácil cuantificación con la tecnología disponible. Además, la explotación debe consignar como condición sine qua non, que el proceso de transformación se realice en los mismos centros de explotación y deben ser comercializados primero en el país y los excedentes exportados solo por empresas peruanas radicadas en las regiones donde son producidas.